Maquiavelo está de moda. El poder es lo más importante y está encegueciendo a quienes lo poseen.
Las últimas semanas hemos observado como el Gobierno ha realizado diversas actividades - y avalado otras – con el objetivo claro de que su abanderada presidencial, Michelle Bachelet, logre el triunfo en esta segunda vuelta del 15 de Enero.
Esta estrategia la ha encabezado nada más ni nada menos que el Presidente de la República, Ricardo Lagos, quien no ha podido evitar la tentación de involucrarse casi como el Jefe de campaña de la presidenciable, principalmente, por dos motivos. El primero de ellos dice relación con el alto capital político que posee su figura, lo cual queda demostrado encuesta tras encuesta, en donde sus índices de popularidad no parecen tener límites. El otro motivo, es que visualiza un riesgo real de perder la próxima elección, en manos del candidato de la oposición, Sebastián Piñera, lo que deja entrever la baja confianza que posee el gobierno y en general la Concertación en su conjunto, en las capacidades de Bachelet.
Una perogrullada que señala el Gobierno para avalar su actuar – poco ético a mi juicio – es que ellos pertenecen a una coalición y, por lo tanto, avalan la prescindencia administrativa mas no la prescindencia política. Esto es correcto, y cada miembro de la Concertación y, por supuesto, cualquier funcionario público – en su calidad de ciudadano – puede manifestar su posición política y participar en actividades partidarias, siempre y cuando no utilicen recursos públicos.
Esto no tiene cuestionamiento alguno. Lo que si es absolutamente reprochable es utilizar el poder político que posee el Ejecutivo, en actividades que no poseen como finalidad ejercer el mandato de la ciudadanía que es gobernar, sino que tienen el claro propósito de colaborar en el triunfo de su abanderada presidencial.
Una de las primeras acciones que realizó el Gobierno, fue presentar un proyecto de reforma constitucional, para establecer la proporcionalidad del sistema electoral en nuestra constitución política. Si bien, es legítimo plantear de cara al país la postura de cada coalición, lo importante acá es el fin que se busca. Y claramente – no hay que ser muy ducho en política para darse cuenta – el fin en este caso, no es reformar el sistema electoral, sino solamente utilizar la facultad presidencial de establecer las urgencias para la discusión de proyectos de ley, en beneficio de la coalición oficialista. Si no, ¿cómo se explica que durante los últimos diez años - por lo menos – la Concertación señale una y otra vez su oposición al sistema binominal, pero no posea ningún proyecto alternativo con el cual analizar las virtudes y defectos de uno u otro sistema electoral?. El proyecto de reforma constitucional enviado al Congreso, deja de manifiesto la falta de voluntad real de modificar el sistema binominal, y representa la poca seriedad para tratar este importante tema, que raya en la falta de respeto con los ciudadanos.
Lo relacionado con el proyecto de ley sobre empresas subcontratistas y empresas de servicios temporarios (que no es lo mismo como muchos piensan), es una estrategia de similares características. El objetivo es el mismo, aunque por lo menos el proyecto tiene un contenido específico, lo cual le da un poco más de seriedad al asunto. Lamentablemente, esta seriedad se acaba nuevamente cuando el Presidente de la República decide- luego de que tanto la Concertación como la Alianza aprobaran en general el proyecto enviado por el Ejecutivo – retirar la discusión inmediata a dicha iniciativa.
Otro tema fuertemente cuestionado, es el actuar de los funcionarios públicos en épocas eleccionarias. Incluso el Contralor General de la República ha intervenido en esta discusión, al señalar que “ha habido un moderado intervencionismo electoral”.
No obstante lo anterior, es menester aclarar que la Contraloría sólo vela por la legalidad con la que se actúa en la Administración del Estado, lo cual no quiere decir que algo legal según este organismo público, es necesariamente un acto ético y por tanto, no reprochable. Un ejemplo de esto es lo relacionado con los famosos correos electrónicos que han enviado altas autoridades de servicios públicos a sus subordinados (hasta ahora se conocen los casos de INDAP y FOSIS), para que colaboren “voluntariamente” con recursos para la campaña de Bachelet, lo cual es indiscutiblemente un presión para los funcionarios públicos (sobre todo los que están a contrata y a honorarios). Quien discuta esto, es un ingenuo o un fanático.
Ante esto, la oposición reacciona indignada y el oficialismo no se pronuncia directamente, sino que busca la excusa más popular de los últimos tiempos: hay que dejar que las instituciones funcionen. El Ministro del Interior, Francisco Vidal, señala que el asunto de los correos electrónicos, lo va a analizar y resolver la Contraloría, que - como se señaló - sólo tiene competencia para pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de los hechos. ¿Y quién le dijo al señor Vidal que los comportamientos no éticos, tienen que ser siempre ilegales, para ser tales?, ¿acaso el ministro no tiene opinión sobre este asunto? ¿o acaso necesita más pruebas?. El asunto es claro: acá hay una presión indebida hacia los funcionarios públicos, y cualquier persona que valore la ética y la probidad en el servicio público, debiera actuar en consecuencia.
Pero actuar en consecuencia, significaría despedir (o sancionar administrativa y/o políticamente) a esos funcionarios que ejercieron esta presión indebida, dando una clara señal a la ciudadanía de la firmeza con la que se va a resguardar la probidad pública. No obstante, esto generaría un hecho político que favorecería a la oposición y por tanto, simplemente no se hace. Muchos dirán que “la política es así”. Otros dirán que “mantener el poder en una coalición (que representa al bien) en vez de entregárselo al adversario (que representa el mal) es un bien mayor que justifica ciertos hechos”. Muchos dicen que el buen político es el que sabe hacer estas jugadas. Es más, el mismo senador Larraín (UDI) señaló que extrañaba a Insulza porque él si que sabía hacer “maniobras inteligentes y no burdas”. En otras palabras está diciendo que hay que ser más sutil para realizar actividades impresentables.
Estos “políticos inteligentes” – que existen en uno y otro lado - son los que ensucian la política y la alejan de la ciudadanía. ¿Se ha dado cuenta que los mismos políticos señalan una y otra vez que la política es sucia, llena de zancadillas y deslealtades – casi señalando que están haciendo un sacrificio al participar en ella - ?. Lo más divertido de todo es que utilizan la palabra “política” como si estuviera aislada y ellos no tuvieran nada que ver. La política “es así y hay que asumirla como tal” parecen decir. Y, la verdad sea dicha, la política es hecha por políticos. Usted me entiende
