PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA: Consideraciones para su adecuado resguardo y nuevos desafíos para el Estado
Mauricio Castro Pedrero
Administrador Público
Mayo de 2006
Abstract
En un mundo globalizado, donde la información fluye a una velocidad sin precedentes, las palabras publicidad, transparencia y acceso a la información, son cada vez más utilizadas por la ciudadanía. Ésta, ya ha tomado conciencia que en sistemas democráticos, poseen derechos que pueden y deben ejercer para contribuir al adecuado funcionamiento de nuestro ordenamiento político.
En Chile, si bien todos los índices y mediciones de corrupción, señalan que este flagelo no es demasiado preocupante – sobre todo en comparación con el resto de países sudamericanos –, en cuanto a transparencia y libre acceso a la información nos resta mucho por avanzar. Fue recién en el año 1999 cuando se aprobó la denominada Ley Nº 19.653 de Probidad Administrativa y se consagraron estos principios. No obstante, el aporte de esta legislación ha sido prácticamente nulo en cuanto a transparencia, habida consideración – entre otras cosas – de las amplias facultades que otorgó a los órganos de la Administración del Estado, para denegar ciertos actos administrativos que consideraban debían ser secretos o reservados.
En general, la percepción es que en Chile existe una arraigada cultura de secretismo. Sobre esto, los medios de comunicación han evaluado negativamente a los entes públicos, en cuanto a sus requerimientos de información. Según una encuesta realizada por la Universidad Diego Portales[1], respecto de la percepción de los periodistas sobre el acceso a la información pública, se destaca el hecho de que la gran mayoría de los encuestados (60%) señalan que el aspecto que más dificulta el acceso a la información en Chile, es la escasa disposición de las instituciones y autoridades para entregar información.
A raíz de esta percepción, y por el retraso en materia normativa que poseía nuestro país, en el año 2005 se incluyó en la Constitución Política un nuevo articulado (artículo 8º) que consagra el principio de la transparencia y la publicidad de los actos, estableciendo que sólo una Ley de Quórum Calificado puede establecer la reserva o secreto y sólo cuando la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de los órganos de la administración del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.
No obstante, el problema del secretismo y los bajos niveles de transparencia está lejos de estar solucionado. Las normativas nunca resuelven el problema instantáneamente, sino más bien son una invitación a la realización de un sinnúmero de tareas y desafíos para la Administración del Estado y la ciudadanía en general.
En lo que interesa, el presente documento se enfocará en los problemas que plantea el establecimiento de la transparencia como un derecho ciudadano y los desafíos que la Administración del Estado debe asumir para asegurar el cumplimiento irrestricto de este principio consagrado ahora constitucionalmente.
Abordaremos el tema en cuatro partes fundamentalmente. Primero, intentaremos mostrar y establecer de antemano que la transparencia es mucho más que el acceso a la información. La intención es que el lector logre tomar conciencia acerca de los diversos componentes que posee la transparencia, poniendo especial énfasis en la importancia de la confiabilidad que debe poseer la información para dar respeto absoluto al principio de transparencia.
En segundo término, abordaremos la compleja relación existente entre la eficiencia y la transparencia. Si bien algunos autores señalan que existe una correlación directa (a mayor transparencia, mayor eficiencia), la tesis presentada en este documento señala que esta correlación no se da automáticamente, y que, por el contrario, existen diversos aspectos que pueden generar resultados indeseados. En este sentido, se señala que la transparencia no es gratis, por lo que deben destinarse nuevos recursos para no afectar la productividad. A su vez, se argumenta que el acceso a la información, puede entorpecer la confiabilidad de la misma, de no ponderarse determinados factores que pueden llevar a ese nefasto escenario.
En tercer término, se abordan algunos de los factores culturales que pueden explicar el comportamiento poco transparente existente en nuestra sociedad a través de la presentación de un par de estudios sobre el comportamiento de los chilenos.
En cuarto término, se presentan algunos de los desafíos planteados al Estado. En este sentido, se argumenta que aun cuando existen factores culturales que deben ser atacados en el mediano y largo plazo, es el Estado - a través de sus instituciones y políticas - quien debe ejercer el liderazgo en el respeto y resguardo del principio de transparencia. De esta forma, se presentan algunas sugerencias que pueden contribuir a este propósito.
En Chile, si bien todos los índices y mediciones de corrupción, señalan que este flagelo no es demasiado preocupante – sobre todo en comparación con el resto de países sudamericanos –, en cuanto a transparencia y libre acceso a la información nos resta mucho por avanzar. Fue recién en el año 1999 cuando se aprobó la denominada Ley Nº 19.653 de Probidad Administrativa y se consagraron estos principios. No obstante, el aporte de esta legislación ha sido prácticamente nulo en cuanto a transparencia, habida consideración – entre otras cosas – de las amplias facultades que otorgó a los órganos de la Administración del Estado, para denegar ciertos actos administrativos que consideraban debían ser secretos o reservados.
En general, la percepción es que en Chile existe una arraigada cultura de secretismo. Sobre esto, los medios de comunicación han evaluado negativamente a los entes públicos, en cuanto a sus requerimientos de información. Según una encuesta realizada por la Universidad Diego Portales[1], respecto de la percepción de los periodistas sobre el acceso a la información pública, se destaca el hecho de que la gran mayoría de los encuestados (60%) señalan que el aspecto que más dificulta el acceso a la información en Chile, es la escasa disposición de las instituciones y autoridades para entregar información.
A raíz de esta percepción, y por el retraso en materia normativa que poseía nuestro país, en el año 2005 se incluyó en la Constitución Política un nuevo articulado (artículo 8º) que consagra el principio de la transparencia y la publicidad de los actos, estableciendo que sólo una Ley de Quórum Calificado puede establecer la reserva o secreto y sólo cuando la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de los órganos de la administración del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.
No obstante, el problema del secretismo y los bajos niveles de transparencia está lejos de estar solucionado. Las normativas nunca resuelven el problema instantáneamente, sino más bien son una invitación a la realización de un sinnúmero de tareas y desafíos para la Administración del Estado y la ciudadanía en general.
En lo que interesa, el presente documento se enfocará en los problemas que plantea el establecimiento de la transparencia como un derecho ciudadano y los desafíos que la Administración del Estado debe asumir para asegurar el cumplimiento irrestricto de este principio consagrado ahora constitucionalmente.
Abordaremos el tema en cuatro partes fundamentalmente. Primero, intentaremos mostrar y establecer de antemano que la transparencia es mucho más que el acceso a la información. La intención es que el lector logre tomar conciencia acerca de los diversos componentes que posee la transparencia, poniendo especial énfasis en la importancia de la confiabilidad que debe poseer la información para dar respeto absoluto al principio de transparencia.
En segundo término, abordaremos la compleja relación existente entre la eficiencia y la transparencia. Si bien algunos autores señalan que existe una correlación directa (a mayor transparencia, mayor eficiencia), la tesis presentada en este documento señala que esta correlación no se da automáticamente, y que, por el contrario, existen diversos aspectos que pueden generar resultados indeseados. En este sentido, se señala que la transparencia no es gratis, por lo que deben destinarse nuevos recursos para no afectar la productividad. A su vez, se argumenta que el acceso a la información, puede entorpecer la confiabilidad de la misma, de no ponderarse determinados factores que pueden llevar a ese nefasto escenario.
En tercer término, se abordan algunos de los factores culturales que pueden explicar el comportamiento poco transparente existente en nuestra sociedad a través de la presentación de un par de estudios sobre el comportamiento de los chilenos.
En cuarto término, se presentan algunos de los desafíos planteados al Estado. En este sentido, se argumenta que aun cuando existen factores culturales que deben ser atacados en el mediano y largo plazo, es el Estado - a través de sus instituciones y políticas - quien debe ejercer el liderazgo en el respeto y resguardo del principio de transparencia. De esta forma, se presentan algunas sugerencias que pueden contribuir a este propósito.
* El lector interesado en conocer el artículo completo en formato pdf, puede solicitarlo al correo electrónico del autor (mcastro_pedrero@yahoo.es)
[1] Universidad Diego Portales. “Barómetro de Acceso a la Información. La opinión de los periodistas”, Resultados Encuesta Nacional 2005
posted by Mauricio Castro P. at 7:28 PM
0 comments
