Fuente fotografía: www.prochile.cl
La mayor parte de los analistas coinciden en que la gobernabilidad[1] de los países se fortalece en ambientes transparentes y libres – o por lo menos con bajos niveles – de corrupción.
Diversas organizaciones multilaterales como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), se esmeran cada vez más, en poner el tema de la corrupción y la gobernabilidad entre los temas de relevancia significativa para mejorar los niveles de desarrollo[2]. En tal sentido, se ha establecido que mejores controles a la corrupción, favorecen la proliferación de ambientes en donde la gobernabilidad se hace presente.
Lo anterior es absolutamente cierto e irrefutable. La gobernabilidad de los países depende en parte, del adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas y del respeto por el Estado de Derecho. Así entonces, en un ambiente donde la opacidad – y no la transparencia – está a la orden del día y, en donde la corrupción parece ser tan normal como lavarse los dientes después de cada comida, la institucionalidad de los países se ve mermada y el descontento de la ciudadanía se acrecienta al visualizar como la corrupción impide que sus demandas sean satisfechas adecuadamente.
Sin embargo, al parecer dicho argumento es fácil de defender y argumentar en países que poseen niveles elevados de corrupción. Pero, ¿qué sucede en países que han conseguido una imagen – a nivel internacional – de naciones probas y transparentes, incluso admiradas por otros países?. Al respecto, tengo la impresión de que en estos casos – Chile es un ejemplo de esto – más que los niveles reales de corrupción, importan las percepciones que existan sobre los niveles de ésta[3].
La tesis que pretendo destacar en estas líneas es la siguiente: en países en donde la percepción de transparencia y de bajos niveles de corrupción es un activo, existen incentivos para mantener dicha percepción, y por ende, para ocultar – esto es, fomentar la opacidad - los reales niveles de corrupción existentes[4]. Lo anterior, incluso argumentando que el ataque frontal contra la corrupción – que en ocasiones puede involucrar a altas figuras políticas – puede provocar serios riesgos para la estabilidad y gobernabilidad.
De esta forma, hay una pregunta que es pertinente hacerse para entender un poco más esta relación entre corrupción y gobernabilidad. Permítame plantearla de esta forma: ¿cómo se resguarda la gobernabilidad cuándo, un país que posee una imagen de nación proba y con bajos niveles de corrupción, se enfrenta a situaciones que apuntan a discutir esa premisa?.
Veamos lo que sucede en nuestro propio país, analizando un caso en particular.
¡ A cuidar la imagen caramba !.
En el año 2002, el gobierno del ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, debió soportar uno de los escándalos de corrupción más grandes desde el retorno de la democracia chilena, en la década de los noventa.
En ese momento, los medios de comunicación dieron a conocer a la opinión pública casos relacionados con coimas percibidas por parlamentarios del oficialismo. Luego, se sumaron diversos casos de corrupción ligados a irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas, mismo ministerio que el entonces Presidente Lagos, había dirigido antes de ganar la presidencia del país.
En un primer momento, la oposición política ejerció su rol fiscalizador (en realidad y para ser justos, más que investigar, se criticó al gobierno como una forma de generar dividendos políticos). En esos momentos, más de alguno debe haber pensado que Joaquín Lavín (ex candidato presidencial de la oposición) ya tenía asegurado el triunfo en la próxima elección a la presidencia. Es más, según recuerdo, existieron algunos más osados – como el historiador Alfredo Jocelyn-Holt o el columnista Ascanio Cavallo – que vaticinaban el término anticipado del gobierno de Lagos.
No obstante, nada de eso sucedió. La oposición política tendió una mano al gobierno y en conjunto, acordaron una agenda política-legislativa (que dicho sea de paso, nunca se materializó en su totalidad) relacionada con políticas pro crecimiento y de modernización del Estado. De esta forma, se dijo en todos los medios de comunicación que la oposición le había lanzado un “salvavidas” al gobierno, en un acto de profundo patriotismo (cosa muy discutible si consideramos que nunca se logró determinar qué fue lo que realmente se acordó).
Pues bien, en dicha negociación política, el entonces Diputado y Presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, jugó un rol protagónico. De hecho, el acuerdo con el gobierno se materializó luego de una reunión que el propio Longueira sostuvo con el Presidente Lagos en el Palacio de La Moneda.
Pero, ¿qué razones tuvo Longueira – y en general la oposición – para llegar a ese acuerdo, y concomitantemente bajarle el perfil a las acusaciones de corrupción en contra del gobierno que, por ese entonces, proliferaban en los medios de comunicación?. Una respuesta a esta pregunta, la da el propio Longueira, cuando en su último discurso como presidente de la UDI señaló lo siguiente:
(…)mucha gente de nuestro mundo como se dice, no entendió cuando llegamos al acuerdo de la modernización, pero tal como yo les decía a los jóvenes ayer, por qué le vamos a heredar a esos jóvenes una imagen de Chile corrupto, por qué le vamos a heredar a esos jóvenes un país que lo han destruido unos pocos, cuántas generaciones necesita Argentina para cambiar esa imagen internacional que tiene de ser una nación corrupta, por qué vamos a permitir que por unos pocos Chile en el mundo sea conocido por estas prácticas y es por eso ahí estuvimos y como dicen algunos los salvamos, bien por Chile amigos (…)”[5]
Como puede desprenderse de las palabras del propio líder de la oposición, la imagen de un Chile Probo, es un activo que nuestro país no puede darse el lujo de perder. A su turno, cuando utiliza el vocablo “salvamos”, implícitamente da a entender que de no ser por su ayuda, la estabilidad del país corría serio peligro.
Esta preocupación por la imagen y la gobernabilidad del país, también queda de manifiesto cuando los mismos políticos nacionales promocionan en el extranjero esta imagen de un Chile estable y con bajos niveles de corrupción, de manera de promocionar el ingreso de nuevas inversiones extranjeras. He aquí, otro motivo – esta vez económico – para cuidar nuestra imagen.
La gobernabilidad no se resguarda con imágenes falsas
La imagen y prestigio de los Estados y sus instituciones son activos que evidentemente todos los ciudadanos de un país deben cuidar y propender a su mejoría. Eso es así. Nadie lo discute.
No obstante, en situaciones – como la descrita anteriormente – se tiende a equivocar el rumbo, pues existen incentivos poderosos a esconder la verdad debajo de la alfombra y, de esta forma, mantener una imagen de país admirado. Esta vez, eso sí, una imagen no del todo real.
La imagen es importante pues nos permite conocer y vislumbrar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, e identificamos cómo se ve un país en relación al resto del mundo. Pero, ¿es la imagen un fin en sí mismo?. Evidentemente no. La imagen es - o debiera ser más bien –, una consecuencia de políticas, decisiones, costumbres y valores que posee una sociedad.
En consecuencia, la imagen de un país no se cuida escondiendo situaciones que nos hacen ponernos colorados de vergüenza. Esa es una visión demasiado cortoplacista que, en el largo plazo, puede significar el derrumbe de una verdad que no era tal.
Como dijo en una columna de opinión el Presidente de Chile Transparente, “(…) un país libre de corrupción no es aquel en que no ocurren actos corruptos, sino aquel que, cuando ocurren, reaccionan (…)”[6]. Si reaccionamos sin miedos ni vetos, no se perjudica la imagen – como muchos pueden especular – sino todo lo contrario: se llega a la verdad y se avanza a un estadio de mayor y mejor gobernabilidad, pues queda de manifiesto la fortaleza de las instituciones y la existencia de valores preciados: la verdad y la franqueza. Esa, es la mejor forma de avanzar.
[1] Se entenderá por gobernabilidad la capacidad que posee el gobierno y el sistema político en general, para tomar decisiones y llevarlas a la práctica, sin que estas acciones provoquen problemas de estabilidad y mantenimiento del mismo sistema.
[2] Por ejemplo, el BM ha liderado la realización de estudios orientados a medir la gobernabilidad y la corrupción (reconociendo por cierto, los márgenes de error todavía existentes). Así, este organismo internacional ha identificado tres componentes de la gobernabilidad, a saber: político, económico e institucional. Este último, considera las variables de Estado de Derecho y Control de la Corrupción. Sobre el particular, pueden consultarse diversos documentos disponibles en http://www.worlbank.org/wbi/gobernance/esp
[3] Al respecto no puede soslayarse el hecho que uno de los indicadores más conocidos y difundidos sobre corrupción es el índice preparado anualmente por Transparencia Internacional (conocido como Índice de Percepción de la Corrupción, IPC), el cual precisamente mide la percepción que poseen empresarios, analistas y expertos locales de los países evaluados.
[4] El tema de los incentivos perversos que pueden generarse a partir de buenas ideas o mecanismos, es un tema no menor. Por ejemplo, en otro artículo, defiendo la tesis de que el Acceso a la Información (uno de los elementos de la transparencia) puede afectar la Confiabilidad de ésta (otro de sus elementos), al existir mayores incentivos para mostrar buenos resultados y, por tanto, falsear cierto tipo de información pública. Para más detalle puede consultarse documento “Principios de publicidad y transparencia. Consideraciones para su adecuado resguardo y nuevos desafíos para el Estado”, disponible en este mismo blog.
[5] Para revisar el discurso en su totalidad puede visitarse el web site de la UDI, www.udi.cl/documentos/di_pl_cg2004.htm . Las negritas son mías.
[6] Harasic, Davor. “¿Es Chile un país corrupto?”. El Mercurio, Domingo 29 de octubre de 2006, A2.
posted by Mauricio Castro P. at 2:56 PM
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